El Reglamento europeo sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas online introduce obligaciones estrictas para las plataformas digitales que alojan contenido generado por usuarios. Entre ellas, destaca la retirada de contenido terrorista en el plazo máximo de una hora. Aunque las grandes empresas tecnológicas cuentan con recursos avanzados para cumplir estos requisitos, el documento reconoce que las pequeñas empresas carecen de medios técnicos, humanos y financieros para implementar el reglamento con la misma eficacia. La presente convocatoria se crea específicamente para cerrar esa brecha y garantizar que toda la infraestructura digital europea pueda cumplir con la normativa.
El objetivo de la convocatoria ISF‑2021‑AG‑TCO es proporcionar apoyo práctico y directo a las pequeñas empresas consideradas hosting service providers. Los proyectos que se financien deberán ayudar a estas empresas a comprender sus obligaciones legales, a identificar qué constituye contenido terrorista y a establecer mecanismos eficientes para detectar, eliminar y comunicar este tipo de material. Además, deben contribuir a evitar retiradas erróneas de contenido legítimo, lo que supone un riesgo real para empresas sin experiencia previa en moderación.
La convocatoria también promueve la creación de redes y el intercambio de conocimiento. Dado que muchas empresas pequeñas afrontan desafíos similares, se fomenta que compartan datos, herramientas y buenas prácticas. Esto permitirá que avancen juntas y que adopten soluciones comunes para identificar y mitigar los riesgos. De hecho, uno de los resultados esperados es el aumento significativo de las plataformas pequeñas que aplican correctamente el Reglamento y que colaboran con las autoridades competentes cuando reciben órdenes de retirada.
En última instancia, esta iniciativa pretende asegurar que todas las plataformas que actúan en la UE, independientemente de su tamaño, cuenten con los recursos necesarios para frenar la propagación de contenidos terroristas online. Su correcta implementación no solo contribuye a la seguridad pública, sino también a la protección de los derechos fundamentales, evitando la eliminación involuntaria de contenido legítimo y garantizando transparencia, trazabilidad y responsabilidad en los procesos de moderación.